UN NEGOCIO REDONDO PARA LA BANCA PRIVADA: LA PROPUESTA DE LEY PARA LA PROPIEDAD DE LA GMVV
Ya hemos
señalado en otro artículo que escribimos sobre la propuesta que hizo el
diputado Julio Borges para una ley que regule la propiedad de las viviendas de
la GMVV, el carácter oportunista y demagógico de esta propuesta así como la
profunda hipocresía y cinismo con que la oposición, luego de descalificar esta
Misión durante años, ahora se presenta con este proyecto de ley. Sin embargo,
el análisis no debe terminar allí y debemos buscar las razones que los motivan a
presentar este proyecto, factores que van más allá de su oportunismo y de su
acostumbrada forma manipuladora y cínica de hacer política. Hagamos entonces un
análisis detallado de todo el contexto.
En primer
lugar, debemos decir que la GMVV nació y se desarrolló bajo la premisa que la
vivienda es el espacio vital para que la familia, célula fundamental de la
sociedad, conviva en forma plena garantizando así el desarrollo adecuado de
cada uno de sus miembros. En segundo lugar, la GMVV asumió la tarea de
restituir una histórica deuda social que el estado venezolano tenía (y sigue
teniendo hasta que se logre saldar completamente) con el derecho a la vivienda
que había sido negado a la mayoría de la población pobre y excluida. Es también
por ello que las personas pagan estas viviendas bajo condiciones altamente
protegidas de los precios y las reglas del mercado.
Quiere
decir entonces que esa vivienda se transforma en un bien de uso destinado exclusivamente
al desarrollo de la familia en condiciones dignas. Al mismo tiempo, una vez que
la vivienda es adjudicada, la actual
normativa jurídica de la Gran Misión le otorga la seguridad jurídica respectiva
a la familia en cuanto a la tenencia de
su vivienda. En caso que la familia en cuestión decida venderla, puede hacerlo
pero debe vendérsela al propio estado.
¿Por qué razón? Para que de esta manera, dicha vivienda vuelva a estar
disponible para otra familia que la necesite.
Entonces,
si la seguridad jurídica de la propiedad de las viviendas está garantizada y
las familias que las ocupan no tienen ningún riesgo de perderlas y si,
además, se contempla la posibilidad que
puedan venderlas al estado. ¿Por qué la oposición plantea esta propuesta para
una nueva ley? Continuemos nuestro análisis.
Supongamos
por un momento que esta propuesta se transforma realmente en la ley que regule
la propiedad de las viviendas de la Gran Misión (lo cual es un supuesto negado
ya que existe una normativa jurídica propia de la GMVV que no podrá ser
eliminada fácilmente) y se eliminara la obligatoriedad de vender las viviendas
al estado. ¿Qué consecuencias traería aparejadas tal cambio en la ley? ¿A quién
beneficiaría esta medida? Lo primero que tal vez ocurriría es que gente con
poca conciencia acerca de las verdaderas implicaciones que todo ello acarrearía
y dejándose llevar por la avidez personal, vendería su vivienda en el mercado
inmobiliario. Así, la vivienda que fue concebida, construida y adjudicada bajo
la perspectiva social, cómo un derecho y
como un bien de uso, se convertiría automáticamente en un bien de cambio como una mercancía cualquiera, perdiendo su sentido original. Al hacerlo, inmediatamente
adquiriría un precio “de mercado” que diferirá del valor real debido a la
cadena de factores que, en un marco capitalista, forman parte del juego de la
oferta y la demanda. Esto resultaría profundamente injusto ya que la familia
propietaria de esa vivienda la pagó a un precio y bajo condiciones
absolutamente preferenciales garantizadas por el mismo estado que la construyó,
por lo que no es lógico que la venda a precio de mercado.
Pero por
otro lado, (y aquí es donde seguramente está la principal razón económica que
mueve a la oposición a proponer esta ley) es seguro que va a aparecer un actor que
nunca falta en el “negocio de la vivienda” y será el que más se beneficiaría de
manera directa y grosera de todo esto: la
banca privada. ¿De qué forma? Muy simple: ellos ofrecerán el financiamiento
a las personas que vayan a adquirirlas y que por no poder pagar el precio de
mercado, se verán obligados a solicitar un crédito hipotecario. En tales casos,
como suele ocurrir, la banca aplicará todas las condiciones que garanticen su
máxima rentabilidad.
Y aquí vale
la pena evocar algo de la historia reciente: ¿Recuerda usted los créditos
indexados? Fueron los llamados créditos “balón” que el TSJ prohibió mediante
una sentencia dictada el 24/01/2002, luego que miles de familias venezolanas
habían sido víctimas de este instrumento especulativo que el Tribunal lo
consideró como un delito. El asunto consistía en algo así: la persona
solicitaba un préstamo al banco, para el cual se le exigía una inicial y se le
otorgaba el crédito considerando que el
pago de las cuotas no podrían exceder el 30 % de su ingreso mensual. Pero el
problema era que los intereses del crédito no eran fijos sino que se re-calculaban
mensualmente de acuerdo con la inflación y el excedente de los intereses que
estaba por encima de esa cuota, pasaba a sumarse al capital lo cual, a su vez, aumentaba
nuevamente los intereses y así se entraba en un ciclo sin fin del cual no se
podía salir. Para decirlo en pocas palabras: el monto del préstamo aumentaba en
forma permanente y así, aquellos que lograban pagar la totalidad del préstamo,
lo hacían a costa de desangrarse y terminaban pagando el valor de la vivienda y
lo que le habían recibido en préstamo multiplicado por infinidad de veces.
Quienes no lograban pagar, entonces perdían la vivienda y todo lo que habían
pagado. ¿Alguien puede racionalmente defender una modalidad de este tipo? Pues
sí! Los mismos grupos económicos a quienes defiende y representa esta dirigencia
opositora, fueron quienes instauraron los créditos indexados, les diseñaron un
marco jurídico que los sustentara y los defendieron hasta que en la Revolución,
quedaron abolidos y prohibidos.
No podemos
entonces ser ingenuos y no pensar que este es un primer paso para luego reinstaurar
los créditos indexados y así “esperar con los brazos abiertos” a que ese millón
de viviendas que hoy están bajo el régimen actual de la GMVV se liberen al
mercado y la banca se apropie de toda esa cartera crediticia. ¿Cuántos miles de
millones no irían a parar a sus bolsillos a costa del esfuerzo y la sangre del
Pueblo? Y lo mejor: son viviendas en las cuales no han invertido ni un céntimo,
ni han participado en ninguna etapa de su construcción. Desde esta perspectiva
sería un negocio redondo y perfecto, propio del capitalismo rentista, rapaz y
parasitario que caracteriza justamente al sector financiero privado. Por eso
para ellos es muy importante liberar a las viviendas de la GMVV de la venta
preferencial al Estado, bajo la excusa de “beneficiar” al pueblo con una
seguridad jurídica que no necesita porque la Revolución se la garantiza.
Quieren “tentar” a la gente estimulándole sus apetencias económicas,
mostrándoles que con esta ley ellos podrán hacer uso de sus “libertades
económicas” y entrar en el mercado inmobiliario.
Además, si
tal situación ocurriera, debemos entender que cada vivienda vendida en el
mercado inmobiliario, es una vivienda menos para los más necesitados que
esperan en el registro de la GMVV para solucionar su problema. Asimismo, es
seguro que aparecerán grupos y “mafias” que cuentan con capital suficiente como
para adquirir viviendas en grandes cantidades con el fin de profundizar la
especulación en el mercado inmobiliario haciendo subir por las nubes sus
precios así como el de los alquileres.
Frente a
todo esto es urgente que salgamos en defensa de la GMVV y de toda su normativa
jurídica tal y como está concebida. No podemos ni debemos dejar sola a nuestra
Bancada de la Patria ya que esto no es un asunto exclusivo de la Asamblea Nacional.
Se trata de defender una conquista de la Revolución y en ello debemos
comprometernos todos y todas. Necesitamos que los/as revolucionarios/as, las
instituciones, los equipos de la Gran
Misión, los colectivos de vivienda y muy especialmente el Pueblo que habita los
urbanismos así como el Pueblo que está esperando por su vivienda en los
registros de la Gran Misión, nos articulemos en un gran Frente Nacional de defensa
de la GMVV. Vamos a colmar de asambleas, foros y espacios
de discusión al país completo y a ocupar y utilizar todos los medios de
comunicación revolucionarios para promover la conciencia y la acción. Junto a
ello, se deben librar todas las batallas jurídicas y políticas que sean
necesarias para que esta propuesta quede clausurada y derrotada definitivamente
por la fuerza de los argumentos y por la conciencia de todo un Pueblo que debe
asumir de manera firme y contundente su protagonismo para defender sus
conquistas históricas.
Fernando
Giuliani
Psicólogo
Social
La ley que aprobó la AN en primera discusión, propuesta por el diputado Borges de Primero Justicia, promueve la propiedad privada de la vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en función de los intereses individuales, con lo cual se pierde el carácter social y colectivo de la vivienda que ésta tiene dentro del gran proyecto social que implica la GMVV. Puede derivarse esta diferencia al leer el artículo 9 de La LEY DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA, promulgada en el año 2011 por el presidente Hugo Chávez, y el artículo 4 de la LEY DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A BENEFICIARIOS DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA propuesta por el diputado Borges.
ResponderBorrarPor otra parte, el artículo 14 de la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de La Gran Misión Vivienda Venezuela contempla la gestión colectiva de la convivencia, que involucra la participación de la comunidad habitacional en el análisis y solución de los problemas comunitarios. Esto nos habla de otro modo de asumir la propiedad de la vivienda dentro de un modelo socialista en construcción.