21 ene. 2016

UN NEGOCIO REDONDO PARA LA BANCA PRIVADA: LA PROPUESTA DE LEY PARA LA PROPIEDAD DE LA GMVV




Ya hemos señalado en otro artículo que escribimos sobre la propuesta que hizo el diputado Julio Borges para una ley que regule la propiedad de las viviendas de la GMVV, el carácter oportunista y demagógico de esta propuesta así como la profunda hipocresía y cinismo con que la oposición, luego de descalificar esta Misión durante años, ahora se presenta con este proyecto de ley. Sin embargo, el análisis no debe terminar allí y debemos buscar las razones que los motivan a presentar este proyecto, factores que van más allá de su oportunismo y de su acostumbrada forma manipuladora y cínica de hacer política. Hagamos entonces un análisis detallado de todo el contexto.

En primer lugar, debemos decir que la GMVV nació y se desarrolló bajo la premisa que la vivienda es el espacio vital para que la familia, célula fundamental de la sociedad, conviva en forma plena garantizando así el desarrollo adecuado de cada uno de sus miembros. En segundo lugar, la GMVV asumió la tarea de restituir una histórica deuda social que el estado venezolano tenía (y sigue teniendo hasta que se logre saldar completamente) con el derecho a la vivienda que había sido negado a la mayoría de la población pobre y excluida. Es también por ello que las personas pagan estas viviendas bajo condiciones altamente protegidas de los precios y las reglas del mercado.

Quiere decir entonces que esa vivienda se transforma en un bien de uso destinado exclusivamente al desarrollo de la familia en condiciones dignas. Al mismo tiempo, una vez que la vivienda es adjudicada,  la actual normativa jurídica de la Gran Misión le otorga la seguridad jurídica respectiva a la familia en cuanto  a la tenencia de su vivienda. En caso que la familia en cuestión decida venderla, puede hacerlo pero debe vendérsela al  propio estado. ¿Por qué razón? Para que de esta manera, dicha vivienda vuelva a estar disponible para otra familia que la necesite.

Entonces, si la seguridad jurídica de la propiedad de las viviendas está garantizada y las familias que las ocupan no tienen ningún riesgo de perderlas y si, además,  se contempla la posibilidad que puedan venderlas al estado. ¿Por qué la oposición plantea esta propuesta para una nueva ley? Continuemos nuestro análisis.

Supongamos por un momento que esta propuesta se transforma realmente en la ley que regule la propiedad de las viviendas de la Gran Misión (lo cual es un supuesto negado ya que existe una normativa jurídica propia de la GMVV que no podrá ser eliminada fácilmente) y se eliminara la obligatoriedad de vender las viviendas al estado. ¿Qué consecuencias traería aparejadas tal cambio en la ley? ¿A quién beneficiaría esta medida? Lo primero que tal vez ocurriría es que gente con poca conciencia acerca de las verdaderas implicaciones que todo ello acarrearía y dejándose llevar por la avidez personal, vendería su vivienda en el mercado inmobiliario. Así, la vivienda que fue concebida, construida y adjudicada bajo la perspectiva social, cómo un  derecho y como un bien de uso, se convertiría automáticamente en un bien de cambio como una mercancía cualquiera, perdiendo su sentido original. Al hacerlo, inmediatamente adquiriría un precio “de mercado” que diferirá del valor real debido a la cadena de factores que, en un marco capitalista, forman parte del juego de la oferta y la demanda. Esto resultaría profundamente injusto ya que la familia propietaria de esa vivienda la pagó a un precio y bajo condiciones absolutamente preferenciales garantizadas por el mismo estado que la construyó, por lo que no es lógico que la venda a precio de mercado.

Pero por otro lado, (y aquí es donde seguramente está la principal razón económica que mueve a la oposición a proponer esta ley) es seguro que va a aparecer un actor que nunca falta en el “negocio de la vivienda” y será el que más se beneficiaría de manera directa y grosera de todo esto: la banca privada. ¿De qué forma? Muy simple: ellos ofrecerán el financiamiento a las personas que vayan a adquirirlas y que por no poder pagar el precio de mercado, se verán obligados a solicitar un crédito hipotecario. En tales casos, como suele ocurrir, la banca aplicará todas las condiciones que garanticen su máxima rentabilidad.

Y aquí vale la pena evocar algo de la historia reciente: ¿Recuerda usted los créditos indexados? Fueron los llamados créditos “balón” que el TSJ prohibió mediante una sentencia dictada el 24/01/2002, luego que miles de familias venezolanas habían sido víctimas de este instrumento especulativo que el Tribunal lo consideró como un delito. El asunto consistía en algo así: la persona solicitaba un préstamo al banco, para el cual se le exigía una inicial y se le otorgaba el crédito  considerando que el pago de las cuotas no podrían exceder el 30 % de su ingreso mensual. Pero el problema era que los intereses del crédito no eran fijos sino que se re-calculaban mensualmente de acuerdo con la inflación y el excedente de los intereses que estaba por encima de esa cuota, pasaba a sumarse al capital lo cual, a su vez, aumentaba nuevamente los intereses y así se entraba en un ciclo sin fin del cual no se podía salir. Para decirlo en pocas palabras: el monto del préstamo aumentaba en forma permanente y así, aquellos que lograban pagar la totalidad del préstamo, lo hacían a costa de desangrarse y terminaban pagando el valor de la vivienda y lo que le habían recibido en préstamo multiplicado por infinidad de veces. Quienes no lograban pagar, entonces perdían la vivienda y todo lo que habían pagado. ¿Alguien puede racionalmente defender una modalidad de este tipo? Pues sí! Los mismos grupos económicos a quienes defiende y representa esta dirigencia opositora, fueron quienes instauraron los créditos indexados, les diseñaron un marco jurídico que los sustentara y los defendieron hasta que en la Revolución, quedaron abolidos y  prohibidos.

No podemos entonces ser ingenuos y no pensar que este es un primer paso para luego reinstaurar los créditos indexados y así “esperar con los brazos abiertos” a que ese millón de viviendas que hoy están bajo el régimen actual de la GMVV se liberen al mercado y la banca se apropie de toda esa cartera crediticia. ¿Cuántos miles de millones no irían a parar a sus bolsillos a costa del esfuerzo y la sangre del Pueblo? Y lo mejor: son viviendas en las cuales no han invertido ni un céntimo, ni han participado en ninguna etapa de su construcción. Desde esta perspectiva sería un negocio redondo y perfecto, propio del capitalismo rentista, rapaz y parasitario que caracteriza justamente al sector financiero privado. Por eso para ellos es muy importante liberar a las viviendas de la GMVV de la venta preferencial al Estado, bajo la excusa de “beneficiar” al pueblo con una seguridad jurídica que no necesita porque la Revolución se la garantiza. Quieren “tentar” a la gente estimulándole sus apetencias económicas, mostrándoles que con esta ley ellos podrán hacer uso de sus “libertades económicas” y entrar en el mercado inmobiliario.

Además, si tal situación ocurriera, debemos entender que cada vivienda vendida en el mercado inmobiliario, es una vivienda menos para los más necesitados que esperan en el registro de la GMVV para solucionar su problema. Asimismo, es seguro que aparecerán grupos y “mafias” que cuentan con capital suficiente como para adquirir viviendas en grandes cantidades con el fin de profundizar la especulación en el mercado inmobiliario haciendo subir por las nubes sus precios así como el de los alquileres.

Frente a todo esto es urgente que salgamos en defensa de la GMVV y de toda su normativa jurídica tal y como está concebida. No podemos ni debemos dejar sola a nuestra Bancada de la Patria ya que esto no es un asunto exclusivo de la Asamblea Nacional. Se trata de defender una conquista de la Revolución y en ello debemos comprometernos todos y todas. Necesitamos que los/as revolucionarios/as, las instituciones,  los equipos de la Gran Misión, los colectivos de vivienda y muy especialmente el Pueblo que habita los urbanismos así como el Pueblo que está esperando por su vivienda en los registros de la Gran Misión, nos articulemos en un gran Frente Nacional de defensa de la GMVV. Vamos a colmar de asambleas, foros y espacios de discusión al país completo y a ocupar y utilizar todos los medios de comunicación revolucionarios para promover la conciencia y la acción. Junto a ello, se deben librar todas las batallas jurídicas y políticas que sean necesarias para que esta propuesta quede clausurada y derrotada definitivamente por la fuerza de los argumentos y por la conciencia de todo un Pueblo que debe asumir de manera firme y contundente su protagonismo para defender sus conquistas históricas.

Fernando Giuliani
Psicólogo Social




1 comentario:

  1. La ley que aprobó la AN en primera discusión, propuesta por el diputado Borges de Primero Justicia, promueve la propiedad privada de la vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en función de los intereses individuales, con lo cual se pierde el carácter social y colectivo de la vivienda que ésta tiene dentro del gran proyecto social que implica la GMVV. Puede derivarse esta diferencia al leer el artículo 9 de La LEY DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA, promulgada en el año 2011 por el presidente Hugo Chávez, y el artículo 4 de la LEY DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A BENEFICIARIOS DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA propuesta por el diputado Borges.
    Por otra parte, el artículo 14 de la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de La Gran Misión Vivienda Venezuela contempla la gestión colectiva de la convivencia, que involucra la participación de la comunidad habitacional en el análisis y solución de los problemas comunitarios. Esto nos habla de otro modo de asumir la propiedad de la vivienda dentro de un modelo socialista en construcción.

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